El Estado mexicano está obligado a generar un marco jurídico que permita prevenir y atender de manera integral el desplazamiento forzado de personas, demandó la Iglesia católica.
Esta fue una de las principales conclusiones del Primer Encuentro de Personas Desplazadas y Acompañantes de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, realizado hace unos días en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Como segunda exigencia, los participantes pidieron al Estado mexicano reconocer, sin rodeos ni ambigüedades, la realidad del desplazamiento forzado, al advertir que “la gobernanza criminal sobre nuestros territorios sigue forzando a los pueblos a huir”.
El posicionamiento señala que esta situación ejerce violencia, provoca división, obliga a distribuir y consumir drogas y lleva a las comunidades a realizar actos ilícitos en beneficio de intereses criminales.
“Somete con amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres”, expone el documento final del encuentro, suscrito por cuatro obispos integrantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Iglesia católica”.
Las personas desplazadas y los líderes religiosos argumentaron que existe una necesidad urgente de que el Estado mexicano emprenda acciones concretas, debido a que la llamada “narrativa de paz” no borra el dolor ni las desapariciones de mexicanos que se registran en distintas regiones del país.
“El reclutamiento forzado convierte a nuestros jóvenes y comunidades, hombres y mujeres, en carne de cañón y chivos expiatorios ante la ceguera, omisión y complicidad de quienes tienen mandato y obligación de proteger al pueblo e impartir justicia”, expuso la Comisión Episcopal para la Pastoral Social”.
El documento cuestiona que, mientras las autoridades mantienen y proclaman una narrativa de paz, persisten en los territorios “el dolor, el llanto, la ejecución, la cárcel y la muerte”, particularmente entre las comunidades más vulnerables.