Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados continúan siendo una realidad que vulnera los derechos de niñas y adolescentes en México, principalmente de origen indígena, a pesar de los importantes avances legales, que incluyen una estrategia del gobierno federal enfocada en 50 municipios prioritarios a nivel nacional.
El análisis de los microdatos censales de 2020, procesados por la CEPAL y CELADE, revela que en el país 3.4% de las mujeres de entre 12 y 17 años estaban unidas al momento del censo, superando ampliamente la incidencia de matrimonios formales, que son prácticamente inexistentes a esa edad.
Esta realidad afecta desproporcionadamente a las niñas, toda vez que las prevalencias entre mujeres adolescentes superan por mucho a las observadas entre los hombres de la misma edad.
Seis estados son focos rojos
La información territorial muestra focos especialmente preocupantes: en estados como Nayarit, la prevalencia de uniones en niñas y adolescentes indígenas alcanza entre 9.0% y 19.3%, y se mantiene elevada en entidades como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Michoacán.
Por contraste, la prevalencia es notablemente menor en el centro del país, Tamaulipas y Ciudad de México.
Entre la población afrodescendiente, los niveles más altos se encuentran en Chiapas y Quintana Roo, aunque estos datos deben interpretarse con precaución debido al bajo número de casos absolutos detectados en el censo para este grupo.
La comparación con niñas y adolescentes no indígenas ni afrodescendientes muestra prevalencias bajas en la mayor parte del territorio nacional, salvo en Guerrero.
Estos patrones evidencian que la pertenencia étnico-racial y el territorio están profundamente conectados con la persistencia de los matrimonios y uniones infantiles en México.