La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que también han sido sancionados más de 4 mil servidores públicos durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum.
Durante la conferencia matutina de este martes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó ahorros preventivos por casi 84 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó que los principales ahorros se obtuvieron mediante estrategias de compra y el seguimiento de contratos públicos, especialmente en obras públicas.
“En lo que es las estrategias de compras hemos logrado ahorrar 29 mil millones de pesos. El otro es un seguimiento muy puntual de los contratos públicos, sobre todo los que tienen muchos riesgos, que son los de obras públicas”, explicó.
Detalló que, mediante la revisión de costos unitarios y estimaciones, se evitaron pagos excesivos o incorrectos por alrededor de 42 mil millones de pesos.
Del total reportado, 7 mil 800 millones de pesos corresponden a la reorganización de las estructuras del gobierno, mientras que 4 mil 800 millones derivan del seguimiento de multas, sanciones y reintegros.
Prevención antes del daño al erario
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es actuar antes de que se concrete un posible daño a los recursos públicos.
“Primero la prevención de una mala actuación o de corrupción. Si se evita, es decir, si ellos revisan alguna licitación que no viene bien desde el principio, que tiene problemas, pues de inmediato la paran y entonces se revisa quién hizo alguna afectación”, señaló.
La mandataria explicó que, cuando existen indicios de posibles irregularidades, se pueden tomar medidas cautelares, como separar temporalmente a servidores públicos de sus funciones y repetir los procedimientos de contratación.
Durante los dos primeros años de la administración, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados. De ellos, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Además, mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves.
Casos emblemáticos de posibles irregularidades
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expuso tres casos que muestran distintas formas en las que se generaron afectaciones al erario y que forman parte del trabajo de detección y sanción de la dependencia.
Uno de ellos corresponde a la extinta Policía Federal, por un contrato firmado en 2015 para desarrollar un sistema de inteligencia por 130 millones de dólares.
De esa operación, 65 millones de dólares fueron ejercidos como gastos de seguridad nacional, aunque el contrato no fue pagado.
“El dinero sí sale, pero el contrato no se paga. Entonces, ¿ahí qué se acredita? Pues abuso de funciones y desvío de recursos”, explicó Raquel Buenrostro.
El caso derivó en inhabilitaciones de 15 y 20 años, así como en la solicitud de reparación del daño por 65 millones de dólares.
Otro caso fue detectado en 2025, en coordinación con la entonces Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se trató de un contrato por 80 millones de pesos para la producción y envasado de más de 2 mil toneladas de frijol.
Aunque se pagaron por adelantado 73.6 millones de pesos, el servicio nunca fue prestado. El expediente fue remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también se presentó una denuncia penal. Ambos procesos continúan en curso.
Ese mismo año, la dependencia detectó en el ISSSTE el reetiquetado de cajas de medicamentos, principalmente oncológicos, en un almacén rentado a un particular.
Por este caso se presentó una denuncia penal y, en febrero de 2026, se determinó la existencia de una falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial. El expediente se encuentra en el tribunal, mientras que la investigación penal está a cargo de la Fiscalía General de la República.
Preparan reformas contra la corrupción
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara reformas para hacer más eficientes los procedimientos contra la corrupción, reducir los plazos de investigación y evitar que los casos prescriban.
También se buscará facilitar la recuperación de recursos cuando exista un daño al erario.
Las propuestas serán presentadas aproximadamente en 15 días.