La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), llevó a cabo la Presentación del Informe Especial “El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público”, con el propósito de generar un espacio de diálogo entre academia, organismos públicos de derechos humanos y sistema internacional.
El encuentro tuvo como objetivo reflexionar sobre el ejercicio del derecho a la protesta, así como fortalecer vínculos de colaboración institucional entre la Universidad, la CODHEY y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante la inauguración, el rector de la UADY, Carlos Alberto Estrada Pinto, destacó la relevancia de abrir espacios de análisis sobre derechos humanos dentro de la comunidad universitaria y reconoció la colaboración permanente con la CODHEY para impulsar acciones con impacto positivo en la entidad.
Señaló que aún existen retos importantes en la materia, por lo que la Universidad mantiene el compromiso de sumar esfuerzos desde la formación académica, la reflexión crítica y la participación activa de su comunidad estudiantil.
Asimismo, subrayó que las y los universitarios deben contribuir, desde lo individual y colectivo, a construir una convivencia armónica basada en el respeto pleno de los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa, agradeció el respaldo de la Universidad y destacó que esta colaboración permite consolidar una cultura académica comprometida con la dignidad humana.
Como egresada de la Facultad de Derecho de la UADY, expresó su satisfacción por regresar a su alma mater para presentar un informe construido mediante trabajo conjunto con sociedad civil, academia y organismos internacionales.
Indicó que este documento representa un esfuerzo institucional inédito en Yucatán, al colocar en el centro del análisis el derecho a la protesta, entendido como un componente esencial de la democracia y del Estado de derecho.
En la jornada también participó Ricardo Neves, representante de la ONU-DH en México, quien reconoció el valor de que organismos públicos locales impulsen informes temáticos sobre protesta social con enfoque territorial.
Expuso que la libertad de reunión pacífica es un derecho instrumental que permite el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión y la participación política, particularmente para sectores históricamente excluidos.
Añadió que las manifestaciones públicas han sido fundamentales para impulsar transformaciones sociales en distintos contextos, al visibilizar problemáticas y exigir respuestas institucionales.
Para finalizar, también recordó que las restricciones al derecho de protesta deben ser excepcionales, legales, necesarias y proporcionales, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
La actividad inició con la mesa panel “El derecho a la protesta en Yucatán: resistencias y disputas por el espacio público”, en la que se abordaron los antecedentes históricos de la protesta en la entidad, los principales hallazgos del informe especial, los estándares internacionales aplicables y los desafíos actuales para garantizar el uso democrático e incluyente del espacio público.