La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores del sector electoral, como parte de una investigación por movimientos financieros considerados de riesgo.
La dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles responsabilidades penales. Hasta el momento, la UIF no ha dado a conocer públicamente la identidad de todas las personas y compañías incluidas en la medida.
El caso ocurre en medio de las investigaciones periodísticas que han puesto bajo escrutinio contratos otorgados a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE), así como sus posibles vínculos con funcionarios y exfuncionarios del organismo.
Entre los nombres que han trascendido en reportes periodísticos aparece el de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del Consejo General del INE. Sin embargo, la autoridad financiera no ha confirmado públicamente su identidad dentro de la lista de personas bloqueadas.
Las indagatorias buscan determinar si existieron operaciones financieras irregulares, triangulación de recursos u otros mecanismos relacionados con empresas que participaron en procesos de contratación de materiales y servicios electorales. Investigaciones previas también han señalado posibles vínculos entre distintas compañías que habrían participado como competidoras en procedimientos de contratación.
El bloqueo de cuentas constituye una medida financiera y no implica por sí mismo que las personas o empresas señaladas sean responsables de un delito. Será la FGR, mediante las investigaciones correspondientes, la que determine si existen elementos para ejercer acciones penales.
El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de contratación y manejo de recursos públicos dentro de los organismos electorales, mientras continúan las investigaciones para establecer si hubo alguna conducta ilícita y quiénes serían responsables.