Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) confirmó el acuerdo de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), mediante el cual se declararon improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el partido MORENA dentro del Proceso Sancionador Ordinario PSO/002/2026.
El recurso de apelación derivó de la denuncia interpuesta por MORENA en contra de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa (CANACO-SERVYTUR), su expresidenta y uno de sus consejeros directivos, por la presunta vulneración a la prohibición constitucional y legal de intervenir en actividades político-electorales. Previamente, el IEPCT había negado dichas medidas al considerar que no se acreditaban la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora ni la proporcionalidad, lo que llevó al partido denunciante a impugnar alegando una metodología incorrecta, valoración aislada de pruebas y falta de motivación.
Al someter el proyecto a consideración del Pleno, el magistrado presidente del TET, Dr. Oswald Lara Borges, calificó como infundados e inoperantes los motivos de disenso planteados por MORENA. En primer término, explicó que la autoridad electoral actuó conforme a derecho al reservar para la resolución de fondo el alcance de tres actas de inspección ocular y una escritura pública, toda vez que dichos instrumentos documentaron eventos privados o transmisiones alojadas en plataformas ajenas a la cámara empresarial, respecto de las cuales no se solicitó medida cautelar.
En segundo lugar, aclaró que los informes rendidos por el Partido Verde Ecologista de México no fueron analizados de forma aislada, sino como elementos de contexto que permitieron constatar la inexistencia de procedimientos internos o registros de precandidaturas al momento de emitir el acuerdo.
Respecto al análisis de los mensajes denunciados, el magistrado presidente expuso que en las publicaciones disponibles se advierten críticas, opiniones y posturas vertidas sobre asuntos de interés público en el marco del debate político, sin que se acreditara que tales expresiones se realizaran en representación institucional de la CANACO-SERVYTUR o viciaran la equidad en la contienda; por ello, al no existir evidencia de un daño grave e inminente, deben prevalecer las libertades constitucionales de expresión e información.
Asimismo, descartó que se configurara peligro en la demora o la necesidad de una tutela preventiva, ya que el acceso a los contenidos requería una búsqueda activa por parte de la ciudadanía, no se utilizó publicidad pagada, las publicaciones tenían más de cuatro meses de antigüedad al dictarse el acuerdo y no existía indicio alguno de repetición inminente, máxime que la expresidenta del gremio ya se encontraba separada del cargo.
Al cierre de su exposición, el Dr. Oswald Lara Borges concluyó que el análisis integral del expediente demuestra que el IEPCT actuó en estricto apego al principio de legalidad ante el incumplimiento de los presupuestos procesales requeridos, y sentenció: “Las medidas cautelares no son un mecanismo de sanción ni de censura previa, debe tutelarse de forma prioritaria el debate democrático y el libre flujo de ideas”.

