La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de clausurar las escuelas que operen bajo denominaciones o modelos “militarizados”, luego del caso de Dafne Zapata, la menor que murió presuntamente a consecuencia de abusos cometidos en una academia de este tipo en Tamaulipas.La p
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como acertada la determinación de la SEP y sostuvo que ninguna institución educativa puede justificar actos de violencia bajo el argumento de la disciplina.
“Es muy triste lo que pasó ahí en Tamaulipas, se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse”, afirmó.
La Secretaría de Educación Pública estableció que, a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto, ninguna institución educativa podrá operar bajo denominaciones como “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra análoga.
Como parte de la medida, la dependencia solicitó a las autoridades educativas estatales realizar una revisión exhaustiva de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados en sus entidades. En caso de detectar planteles que operen bajo estas modalidades, deberán proceder a su suspensión y clausura.
Asimismo, las autoridades educativas deberán garantizar la entrega inmediata de la documentación escolar de las y los estudiantes afectados, con el fin de asegurar la continuidad de sus estudios.
Sheinbaum subrayó que la educación debe formar en valores y responsabilidad, pero siempre desde el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra las niñas. Fue una buena decisión que tomó la SEP”, expresó.
Mientras continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata y tres personas permanecen sujetas a proceso penal, el Gobierno de México busca evitar que hechos similares vuelvan a repetirse mediante la eliminación de las escuelas militarizadas del sistema educativo y el fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez.