Brasil anunció que, por el momento, no responderá con represalias a los nuevos aranceles del 25 por ciento impuestos por Estados Unidos, que entran en vigor este miércoles para miles de productos brasileños. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que su prioridad es mantener el diálogo y buscar una solución mediante negociaciones, antes de tomar medidas de respuesta.
Las nuevas tarifas forman parte de una investigación comercial impulsada por la administración de Donald Trump, que acusa a Brasil de mantener prácticas que afectan a empresas estadounidenses. Sin embargo, el gobierno brasileño rechaza esos señalamientos y sostiene que las medidas son injustificadas.
Aunque Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad que le permitiría imponer aranceles similares a productos de Estados Unidos, las autoridades prefieren agotar primero la vía diplomática para evitar que el conflicto comercial siga escalando y afecte aún más el intercambio económico entre ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo plan para aplicar aranceles a los medicamentos genéricos importados con el objetivo de impulsar que las farmacéuticas trasladen su producción al país. La medida contempla mantener un arancel del cero por ciento durante los próximos dos años; sin embargo, a partir de agosto de 2028 se aplicará un impuesto del 100 por ciento y, un año después, aumentará al 200 por ciento para las empresas que continúen fabricando fuera de Estados Unidos.
Los medicamentos genéricos representan cerca del 90 por ciento de las recetas que se surten en Estados Unidos y gran parte de ellos provienen del extranjero, principalmente de países como India y China. El gobierno estadounidense asegura que esta estrategia busca fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.
No obstante, especialistas y representantes de la industria farmacéutica advierten que estos aranceles podrían traducirse en un aumento en el costo de algunos medicamentos y afectar la cadena de suministro si las empresas no logran trasladar su producción a territorio estadounidense dentro del plazo establecido.
En el Senado de la República, legisladores del PRI presentaron un exhorto para fortalecer la capacitación de peritos, ministerios públicos y policías que investigan casos de maltrato y crueldad animal en México. El objetivo es que las denuncias se integren correctamente y las personas responsables puedan ser sancionadas conforme a la ley.
Aunque las 32 entidades del país ya cuentan con leyes que castigan el maltrato animal, los senadores señalaron que aún existen problemas como la falta de personal especializado, pocos médicos veterinarios forenses, ausencia de protocolos homologados y una coordinación limitada entre las autoridades. Estas deficiencias dificultan que muchos casos lleguen a una sentencia.
Además, esta propuesta se presenta mientras el Congreso también analiza una nueva Ley General de Bienestar Animal, que busca unificar criterios de protección en todo el país y reforzar las sanciones contra conductas como el abandono, las peleas de animales y otras formas de crueldad.