Venezuela podrá utilizar alrededor de 346 millones de dólares de sus propios recursos disponibles en el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de atender necesidades urgentes y apoyar la recuperación después de los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio. La medida busca canalizar dinero para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y atención a las comunidades afectadas.
De acuerdo con información reciente, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el uso de estos recursos vinculados a derechos especiales de giro, que son reservas financieras que los países pueden activar en situaciones extraordinarias. El organismo confirmó que retomó su relación formal con Venezuela este año, luego de resolver el tema de reconocimiento gubernamental que había frenado el contacto desde 2019.
La emergencia ocurre en medio de una crisis humanitaria compleja: los sismos dejaron miles de personas afectadas, daños importantes y una necesidad creciente de apoyo internacional. El reto ahora será que esos recursos lleguen con rapidez a las zonas más golpeadas y se traduzcan en vivienda, salud, servicios básicos y reconstrucción.
El Senado de la República destinó más de 2 mil 837 millones de pesos durante 2025 para garantizar su operación diaria. De acuerdo con información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, se firmaron 741 contratos para servicios como seguridad, ciberseguridad, limpieza, mantenimiento, telefonía, papelería, producción de programas de televisión e incluso actividades culturales.
Del total, 436 contratos fueron de monto fijo y 305 abiertos, es decir, con un límite máximo de gasto. Entre los contratos más costosos destacan el servicio de seguridad, con alrededor de 84 millones de pesos, y el de ciberseguridad, por un monto similar. Además, el 70 por ciento de las contrataciones correspondieron a servicios anuales.
Este reporte surge en medio del escrutinio sobre el gasto del Senado, luego de que en semanas recientes también se informara sobre un incremento en el contrato de seguridad para 2026 y la corrección de un contrato de servicios culturales que había sido duplicado por un error administrativo en los registros públicos.