En Venezuela, el gobierno interino anunció la excarcelación de 131 personas detenidas, en medio de las negociaciones que mantiene con representantes de la oposición y que son auspiciadas por Estados Unidos. La medida es considerada una señal de avance en el proceso de diálogo político que atraviesa el país.
Las autoridades venezolanas informaron que a estas personas se les otorgaron medidas alternativas a la privación de la libertad, mientras familiares esperaban la salida de los detenidos en centros penitenciarios como El Rodeo, ubicado cerca de Caracas.
Sin embargo, la organización Foro Penal señaló que hasta la tarde de este viernes había podido confirmar 45 excarcelaciones, de un registro que hasta principios de esta semana contabilizaba 391 presos políticos en Venezuela.
Entre quienes recuperaron su libertad se encuentra Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por su presunta participación en un atentado con drones contra Nicolás Maduro. Organizaciones de derechos humanos habían denunciado torturas y malos tratos durante su encarcelamiento.
La oposición venezolana celebró las liberaciones, pero aseguró que el objetivo continúa siendo conseguir la libertad plena de todos los detenidos considerados presos políticos, mientras avanzan las negociaciones sobre el futuro político del país.
Una nueva situación de desplazamiento por violencia se registra en Guerrero, donde alrededor de 100 familias abandonaron sus hogares en comunidades de la sierra de Chilpancingo, ante el temor de nuevos ataques de grupos delictivos.
Los habitantes de Agua Hernández y Rincón de Alcaparrosa comenzaron a salir después del retiro de una base de operaciones integrada por elementos del Ejército y la Policía Estatal, que durante aproximadamente un año brindó seguridad en la zona. Los pobladores aseguran que la presencia de las fuerzas de seguridad les permitía sentirse más protegidos.
La situación ha provocado que ambas localidades queden prácticamente vacías. En Rincón de Alcaparrosa, donde habitaban alrededor de 70 familias, permanecían únicamente cinco; mientras que en Agua Hernández, de aproximadamente 50 familias, quedaban unas 10.
Quienes lograron salir se trasladaron a comunidades cercanas como El Ocotito y Coacoyulillo, dejando atrás viviendas, cultivos y animales. En la zona todavía son visibles las consecuencias de la violencia: casas con impactos de bala y vehículos incendiados, además de una limitada presencia de fuerzas de seguridad.
Las familias desplazadas aseguran que esperan el regreso de elementos militares y policiacos para contar con condiciones de seguridad que les permitan volver a sus comunidades y recuperar su vida cotidiana.