La contratación de médicos cubanos por parte del gobierno mexicano abrió un nuevo frente de tensión con Estados Unidos, luego de que la congresista republicana María Elvira Salazar acusara a México de permitir presuntas prácticas de trabajo forzado que, según su postura, podrían contravenir las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En una carta fechada el 22 de octubre de 2026, la legisladora solicitó al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informar al gobierno mexicano sobre las posibles implicaciones del programa y pedir que sea desmantelado.
Salazar afirmó que México emplea a más de 3 mil médicos cubanos bajo condiciones que calificó como trabajo forzado. Entre los señalamientos mencionó presuntas restricciones para viajar, separación familiar y pagos que, según su denuncia, no llegan íntegramente a los profesionales.
La congresista sostuvo que estas condiciones podrían constituir violaciones a los derechos humanos y al T-MEC. También recordó que había planteado el tema al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita a México en 2024, sin que, según su versión, se adoptaran medidas para atender sus preocupaciones.
Como argumento jurídico, Salazar hizo referencia al capítulo 23 del tratado comercial, que aborda los derechos laborales y el compromiso de combatir el trabajo forzoso. Sin embargo, sus declaraciones constituyen acusaciones que requieren una evaluación jurídica y probatoria para determinar si el programa mexicano infringe las disposiciones del acuerdo.