El terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio provocó daños materiales estimados en 19 mil 600 millones de dólares, de acuerdo con un análisis presentado por el Banco Mundial, el cual advierte que la recuperación total del país podría extenderse más allá de 2036 si no aumenta el financiamiento destinado a la reconstrucción.
El organismo internacional explicó que las condiciones actuales de inversión pública y privada resultan insuficientes para atender la magnitud de los daños, por lo que gran parte de las obras tendría que ejecutarse mediante la redistribución de recursos ya disponibles. Bajo ese panorama, el proceso avanzaría lentamente y dejaría proyectos inconclusos durante la próxima década.
La evaluación revela que el sector habitacional fue el más afectado por el movimiento telúrico, al concentrar el 47 por ciento de las pérdidas registradas. La infraestructura, como carreteras, puentes y servicios, representó el 27 por ciento de los daños, mientras que el 26 por ciento restante correspondió a inmuebles destinados a actividades comerciales, institucionales y otros usos.
El reporte también identifica al estado La Guaira y al Distrito Capital como las zonas con mayor impacto, ya que en conjunto acumularon cerca de la mitad de las afectaciones ocasionadas por el sismo.
Las cifras fueron obtenidas mediante la Estimación Rápida Global de Daños (GRADE), una herramienta técnica utilizada para calcular el impacto económico de desastres naturales y ofrecer una base para la planificación de la reconstrucción y la gestión de apoyos internacionales.
El Banco Mundial advirtió que una recuperación lenta no solo retrasaría la rehabilitación de viviendas e infraestructura, sino que también limitaría el crecimiento económico y prolongaría las afectaciones sociales en las comunidades damnificadas. En contraste, un incremento en la inversión permitiría acelerar las obras y reducir el tiempo necesario para restablecer las condiciones previas al desastre.
Como parte de las acciones posteriores al sismo, el organismo mantiene coordinación con las autoridades venezolanas y con instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el objetivo de evaluar las necesidades de financiamiento y definir estrategias que contribuyan a la recuperación de las regiones afectadas.