Padres de familia en situación de movilidad y defensores de los derechos humanos denunciaron públicamente una serie de irregularidades, trabas burocráticas y presuntos actos de discriminación en contra de la comunidad estudiantil migrante.
El conflicto central radica en la retención de boletas de calificaciones de alumnos que concluyeron el tercer año de secundaria Constitución Mexicana Federal 1, bajo el argumento de no contar aún con el documento de revalidación oficial de estudios.
De acuerdo con el testimonio de una madre de familia, desde el inicio del ciclo escolar la dirección dejó claro que los estudiantes serían “enlistados” pero no dados de alta en el sistema hasta que presentaran el documento de validación de estudios de sus países de origen. Sin embargo, aseguró que el personal escolar sí los subió al sistema, generando ahora un conflicto administrativo.
“Desde el primer momento cuando nosotros fuimos a matricularlo a los niños, ellos dejaron claro su posición de que no querían matricular los niños si no llevábamos el documento de validación de estudio. Documento que muchos habíamos iniciado el trámite con Save the Children o Frontera Sur”
Lorenza Reyes / Repte de madres y padres migrantes de Federal 1.
Los padres señalaron que el problema no es de los estudiantes, sino de la gestión interna; ya que firmaron una carta compromiso para validar los documentos, pero acusaron que la escuela los registró en el sistema sin tenerlos validados.
“El problema es que los subieron al sistema sin estar validados los documentos de enseñanza en Cuba o en Venezuela o en Haití o de donde venimos. Entonces por eso no quieren hacer la revelación, por eso no quieren que los estudiantes tengan sus calificaciones”
La principal inconformidad es que ahora la escuela propone que los alumnos de tercer año que no han completado la validación repitan el grado, pese a haber cursado todo el ciclo escolar.
“¿De humanos hacer a los padres y a los estudiantes que repitan un año después de haber gastado tanto en material escolar, en uniforme, en zapatos? Pienso yo que no es lógico. Eso hubiera sido desde el inicio”
Muchos de los afectados aseguraron que ya pagaron ante Hacienda los 101 pesos del costo de validación, pero otros siguen esperando a que la Secretaría de Educación concluya el proceso.
Las familias afectadas hacen un llamado urgente a las autoridades educativas estatales y federales para que intervengan, emitan las constancias correspondientes de manera provisional y garanticen el derecho constitucional a la educación de los menores, sin importar su estatus migratorio.