El gobernador Joaquín Díaz Mena recibió los resultados de las consultas ciudadanas que darán rumbo al Plan Bienestar Metropolitano, una estrategia enfocada en atender los principales retos de Mérida y su zona conurbada en materia de agua potable, movilidad y seguridad. En el ejercicio participaron 34 mil 631 personas, mediante 10 mil 725 encuestas digitales, 23 mil 112 encuestas físicas en campo y 794 asistentes a 16 mesas de consulta.
El mandatario explicó que el proceso incluyó la participación de vecinos, asociaciones civiles, colectivos, especialistas y profesionistas de las zonas norte, sur, oriente, poniente y centro, además de una mesa metropolitana. En materia de agua, el 72% de las personas consultadas identificó la baja presión como el principal problema y 16% reportó cortes en determinados horarios, situación relacionada con una infraestructura hidráulica de alrededor de 60 años de antigüedad.
Respecto a la movilidad, Díaz Mena señaló que el Anillo Periférico de Mérida opera actualmente con un nivel de servicio F, caracterizado por congestionamientos y demoras, por lo que se busca elevarlo a nivel C, reducir los tiempos de traslado y disminuir los siniestros viales, que aumentaron 22.6% durante la última década. En seguridad, se plantea fortalecer la videovigilancia, la presencia policial, la capacitación de los elementos y el alumbrado público con tecnología y acciones preventivas.
El Gobernador afirmó que las prioridades ciudadanas definirán las primeras acciones estratégicas del plan y destacó que se trata de un proyecto construido con la participación de la población. Asimismo, hizo un llamado al Poder Legislativo para analizar de manera responsable, exhaustiva y transparente el financiamiento que se propondrá para atender los retos de la zona metropolitana.
La secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, señaló que el Plan Bienestar Metropolitano representa una respuesta integral y técnicamente sustentada ante el crecimiento urbano y demográfico de la región. El proyecto contempla la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de autoridades municipales, organismos empresariales, dependencias federales e instituciones de educación superior.