Tras el bloqueo realizado por habitantes del poblado Valle Azul sobre la avenida Gregorio Méndez, el Gobierno de Tabasco se comprometió a revisar la solicitud de regularización de los predios que ocupan decenas de familias en la zona de Ocuiltzapotlán.
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, informó que la petición será evaluada por las autoridades competentes con el propósito de ofrecer una respuesta a los habitantes, quienes exigen certeza jurídica sobre los terrenos donde viven.
El funcionario señaló que la administración estatal atenderá la demanda por la vía institucional y reiteró que existe disposición para dialogar con los ciudadanos.
“Con respecto a la demanda de regularización de predios en Ocuiltzapotlán, vamos a revisar su petición y seguramente van a tener una respuesta”, declaró.
La movilización, que se prolongó por casi cuatro horas, fue organizada por vecinos del poblado Valle Azul, quienes denunciaron que alrededor de 50 familias enfrentan el riesgo de perder sus viviendas debido a conflictos relacionados con la propiedad de los terrenos.
En cuanto a la posibilidad de nuevas manifestaciones, López Obrador indicó que el derecho a la protesta está garantizado en Tabasco, siempre que se ejerza dentro del marco legal, por lo que reiteró la apertura del Gobierno estatal para mantener el diálogo con los inconformes.
Durante la entrevista, el secretario también abordó la petición de indemnizaciones para personas afectadas por las inundaciones de años anteriores, planteamiento que consideró inviable debido al impacto económico que representaría para el estado.
Explicó que destinar recursos para compensar a todos los afectados rebasaría el presupuesto anual de Tabasco y recordó que este tipo de apoyos no tiene antecedentes en la entidad, por lo que será necesario esperar el pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el tema.
La demanda de regularización de Valle Azul es respaldada por integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), quienes solicitan que las familias obtengan la certeza jurídica de los predios que habitan y se eviten posibles desalojos por reclamaciones de particulares.
