En sesión pública ordinaria, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Puebla con el propósito de establecer la pérdida de la patria potestad cuando se obligue o permita que niñas, niños o adolescentes practiquen el trabajo infantil, la mendicidad forzada o cualquier actividad que ponga en riesgo su salud, educación y libre desarrollo para obtener un beneficio económico. La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
En materia educativa y de salud, la diputada Floricel González Méndez impulsó una iniciativa para reconocer la dignidad de las maestras y maestros mediante rutas institucionales de acompañamiento a su integridad. Asimismo, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta propuso ampliar los programas de orientación en salud mental y adicciones para incluir a toda la red de apoyo y cuidadores de personas con trastornos por consumo de sustancias, mientras que la diputada Nayeli Salvatori Bojalil planteó la obligatoriedad de un Protocolo de Detección Temprana y Canalización en Salud Mental Infantil para escuelas públicas y privadas de nivel básico.
Por otra parte, se presentaron proyectos enfocados en infraestructura, movilidad y desarrollo urbano. El diputado José Miguel Trujillo de Ita propuso reformas a la Ley de Obra Pública para permitir la ejecución de proyectos mediante participación comunitaria con mano de obra local marginada. A su vez, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta sugirió acciones de sensibilización en el transporte público para respetar los derechos de los adultos mayores, y los legisladores Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega impulsaron reformas para definir el concepto de “megaproyecto” y exigir análisis de impacto social, además de proponer ajustes de accesibilidad universal en espacios culturales y garantizar la educación con enfoque intercultural y bilingüe.
Finalmente, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la paridad de género e igualdad sustantiva en los nombramientos de las titularidades de las secretarías del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, la integración de sus gabinetes, así como en cargos de alta dirección dentro del Poder Judicial y los organismos autónomos, con el fin de eliminar las barreras estructurales que limitan la participación de las mujeres.