Con el 30% del agua dulce de México en su territorio, Chiapas inició la construcción de una Ley Estatal del Agua que reconozca la diversidad de sus municipios, sistemas comunitarios y la voz de pueblos indígenas, informó la diputada local Katy Aguiar, del Distrito 18.
El Congreso del Estado y la Comisión Estatal del Agua impulsan foros ciudadanos para armonizar la legislación local con la Ley General de Aguas federal, emitida en diciembre de 2025. El objetivo: evitar una norma “de escritorio” y responder a realidades distintas entre regiones como el Soconusco, Chicoasén, Tuxtla Gutiérrez o la zona norte.
Katy Aguiar, diputada local Distrito 18.
“No queremos hacer una ley al vapor, una ley de escritorio, que no corresponda a nuestro estado. Lo que pretendemos es recopilar el sentir, la opinión, las inquietudes, pero también las propuestas de la ciudadanía. No se requiere conocimiento técnico: todos somos usuarios del recurso vital”.
La legisladora subrayó que Chiapas tiene una gran responsabilidad hídrica nacional, pero sus contrastes internos obligan a legislar con enfoque territorial.
“No es lo mismo la región norte que la del Soconusco; a unos pasos, Chicoasén y Tuxtla tienen necesidades muy diferentes”.
Un punto clave será el reconocimiento jurídico a sistemas comunitarios indígenas que históricamente gestionan el agua. San Cristóbal de las Casas albergará un foro específico para estas comunidades.
“Tenemos la obligación de reconocer en esta legislación estatal, darles un reconocimiento jurídico a estos sistemas comunitarios, a la forma en la que se organiza la gente. Existen comunidades en donde incluso ellos mismos cosechan el agua”.
Habrá más foros en Tecpatán-Mezcalapa, zona altamente productiva, y en Palenque para cubrir el norte. Tras recopilar propuestas, se trabajará con el consejero jurídico del gobernador para tener un borrador entre octubre y noviembre, buscando aprobar la ley antes de que termine 2026. 
“A veces no conocemos la ley o no participamos hasta que nos afecta. Estos espacios son para dialogar, reflexionar y proponer un marco jurídico que nos beneficie a todos, con responsabilidad para las futuras generaciones”.
La ruta legislativa apuesta por una ley justa, regionalizada y construida desde abajo, que garantice acceso, conservación y gestión sostenible del agua en Chiapas.