Con el objetivo de fortalecer la democracia, garantizar procesos electorales libres de violencia y proteger los derechos político-electorales de las mujeres, diputadas, autoridades electorales y representantes de la sociedad civil presentaron una iniciativa de reforma para impedir que personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género puedan acceder a cargos públicos o contender en elecciones.
La iniciativa contempla reformas al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, con el propósito de armonizar la legislación local con los principios establecidos a nivel federal.
Entre los puntos centrales destaca que cualquier persona con una sentencia firme o resolución definitiva por violencia política en razón de género perderá sus derechos político-electorales, por lo que no podrá registrarse como candidata a un cargo de elección popular ni desempeñar funciones dentro del servicio público.
Asimismo, se plantea modificar la legislación electoral estatal para que una elección pueda ser declarada nula cuando se acredite que durante el proceso electoral se ejerció violencia política contra las mujeres en razón de género.
La propuesta también establece que los partidos políticos o candidaturas responsables de estas conductas no podrán participar en la elección extraordinaria que se convoque como consecuencia de la nulidad, con el fin de evitar que dichas prácticas queden impunes.
Las promoventes señalaron que la democracia sólo puede consolidarse cuando las mujeres participan en condiciones de igualdad, seguridad y libres de cualquier forma de violencia o discriminación.
Con esta iniciativa, destacaron, Chiapas busca fortalecer su marco jurídico para garantizar procesos electorales más equitativos y avanzar hacia una vida pública donde el respeto a los derechos de las mujeres sea una condición indispensable para el ejercicio del poder.
