La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México reconoció las acciones impulsadas por la administración estatal encabezada por Javier May Rodríguez para fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y erradicar prácticas de privilegio en el ejercicio público.
Durante la Primera Asamblea Ordinaria de la Región Sureste de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación (CPCE-F), celebrada en Tabasco, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, destacó el trabajo que realiza el Gobierno del Pueblo para consolidar una administración más abierta, austera y cercana a la ciudadanía.
En su participación a distancia, el funcionario federal calificó como acertadas diversas medidas implementadas por la actual administración estatal para poner fin al derroche de recursos públicos y eliminar privilegios que prevalecieron en gobiernos anteriores.
Entre los ejemplos mencionados, resaltó la transformación de la Quinta Grijalva en un Centro Cultural de acceso libre para la población, al considerar que representa un símbolo de apertura y democratización de los espacios públicos.
La reunión fue encabezada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, Mileyli María Wilson Arias, y reunió a representantes de organismos de control y vigilancia gubernamental de diversas entidades del país para analizar temas estratégicos relacionados con la rendición de cuentas y la mejora de la gestión pública.
Como parte de los trabajos, las autoridades revisaron los alcances de la nueva metodología que entrará en vigor en enero de 2027 para garantizar una mayor participación de contenido nacional en las compras públicas del Estado.
Alejandro Encinas explicó que la reforma a las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional busca aprovechar el poder de compra gubernamental para impulsar el desarrollo económico del país, fortalecer las cadenas productivas y generar mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Subrayó que la estrategia está orientada a sustituir importaciones mediante las adquisiciones públicas, convirtiendo el gasto gubernamental en una herramienta para promover la justicia social y democratizar la proveeduría de bienes y servicios.