La batalla legal por los terrenos familiares suma un nuevo capítulo explosivo. La defensa del imputado sostiene que la señora Laura no estaría actuando con plena autonomía, sino bajo una fuerte influencia y manipulación de su hijo Juan José, quien encabeza la ofensiva jurídica y mediática derivada de la venta de propiedades realizada en 2024.
De acuerdo con esta versión, tras concretarse la compraventa de diversos predios a favor de su nieto Brayan, Juan José habría intervenido para convencer a su madre de denunciar un supuesto fraude por parte de su nieto, pese a que existen documentos notariales y escrituras públicas que respaldarían las operaciones.
Acusan estrategia de presión pública
El caso escaló todavía más luego de que se señalara la participación de un abogado identificado políticamente con el llamado régimen silvanista, a quien atribuyen haber impulsado la difusión de notas periodísticas y versiones públicas sin sustento suficiente, con el objetivo de generar presión mediática sobre la Fiscalía.
Según la defensa, la intención sería influir en autoridades ministeriales para que adopten medidas favorables a sus intereses patrimoniales, aun cuando el expediente ya contiene pruebas documentales que contradicen la narrativa del supuesto despojo.
Uno de los puntos más controvertidos es que la señora Laura habría manifestado públicamente haber sido despojada de todo su patrimonio. Sin embargo, la contraparte sostiene que dicha afirmación no coincide con la realidad financiera del caso.
Aseguran que, aun considerando los bienes en disputa, el patrimonio neto de la señora ascendería todavía a varios millones de pesos, por lo que la versión de haber quedado sin nada sería falsa o, al menos, profundamente exagerada.
El fondo del conflicto
Para observadores del caso, lo que se discute ya no es solo una compraventa, sino la posible utilización de una adulta mayor, de los medios de comunicación y dey instituciones públicas dentro de una disputa familiar por dinero y control patrimonial.
La pregunta que crece.
Con denuncias cruzadas, bloqueos de inmuebles y campañas públicas, la interrogante se vuelve inevitable:
¿Se busca justicia… o se intenta construir presión política, mediática y penal para revertir decisiones patrimoniales ya formalizadas?