Familiares, amistades y colectivos feministas exigieron que las muertes de la enfermera Saraí y de su hija Evolet, halladas sin vida en la agencia municipal de San Martín Mexicapam, sean investigadas con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, al considerar que no se trató de un suicidio aislado, sino del desenlace de una cadena de violencias institucionales que, afirman, fueron ejercidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En un posicionamiento público, personas cercanas a Saraí señalaron que la enfermera enfrentaba padecimientos graves de salud mental y que existían antecedentes clínicos y advertencias sobre su situación de vulnerabilidad. Por ello, sostienen que las decisiones laborales adoptadas por la institución deben ser analizadas dentro de ese contexto.
De acuerdo con el testimonio de la familia, el 17 de marzo de 2026 el IMSS rescindió la relación laboral de Saraí. Posteriormente, el 30 de abril de 2026, durante una audiencia conciliatoria, se le notificó nuevamente la terminación definitiva de su empleo. Un día después ocurrió la tragedia que cobró la vida de la trabajadora de la salud y de su hija.