El Senado de México está a punto de aprobar una nueva ley que endurece las penas contra la extorsión, con castigos que podrían llegar hasta 42 años de prisión para quienes cometan delitos como los montachoques, el cobro de piso o las extorsiones telefónicas realizadas desde centros penitenciarios.
La iniciativa busca combatir la extorsión, un delito que afecta a miles de personas en todo el país. La ley establece penas de 15 a 25 años de prisión para quienes cometan este delito, pero también contempla agravantes que podrían aumentar la condena hasta 42 años.
Entre los delitos que serán castigados se encuentran los montachoques, que son grupos o individuos que provocan accidentes viales de forma deliberada para exigir dinero inmediato a los conductores; el cobro de piso, que es la extorsión a negocios o personas para que paguen una cantidad de dinero a cambio de “protección”; y las extorsiones telefónicas, que son llamadas desde centros penitenciarios o desde otros lugares para exigir dinero a cambio de no dañar a familiares o amigos.
La ley también establece penas para autoridades que permitan o no denuncien la extorsión, incluyendo hasta 20 años de cárcel para policías, ministerios públicos, fiscales, custodios y jueces que no denuncien actos de corrupción; hasta 30 años de cárcel para autoridades penales que permitan la extorsión desde centros penitenciarios; y hasta 12 años de cárcel para quienes introduzcan teléfonos inteligentes o dispositivos electrónicos a centros de reclusión.
La aprobación de esta ley es un paso importante para combatir la extorsión y proteger a las víctimas de este delito.