Un despliegue interinstitucional denominado “Rescate de la Zona Costera” fue ejecutado en el muelle de Camino Real, tras detectarse la ocupación irregular de área federal por parte de pescadores, procediendo al retiro de diversas chozas, palapas y estructuras que invadían la franja costera, sin que se reportaran enfrentamientos o incidentes violentos.
La intervención se realizó durante la madrugada, cuando elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal, Protección Civil, así como personal de instancias federales y municipales, arribaron a la dársena ubicada en las inmediaciones del muelle para desmantelar construcciones asentadas en zona marítimo-terrestre.
En el sitio se ubicaron cerca de 20 estructuras, entre techumbres y edificaciones improvisadas instaladas presuntamente sin autorización, por lo que las autoridades delimitaron el área y llevaron a cabo recorridos de verificación para documentar la ocupación e integrar los expedientes correspondientes.
Aunque de manera oficial se indicó que únicamente se retiraron estructuras abandonadas o en desuso, señalando que aquellas utilizadas por pescadores no fueron afectadas, trabajadores del mar manifestaron lo contrario, acusando afectaciones directas a sus espacios de trabajo.
El dirigente de la agrupación “Pescadores en Defensa del Mar”, José Virgilio Pérez Chan, calificó la acción como un abuso al señalar que no hubo aviso previo, pese a que se había mencionado que habría notificación anticipada, destacando además que el espacio disponible para operar es reducido, donde resguardan embarcaciones y equipo esencial.
El representante del sector sostuvo que la falta de alternativas los coloca en una situación complicada, cuestionando que no se haya considerado su realidad antes de ejecutar el operativo.
Durante las acciones no se registraron personas aseguradas ni confrontaciones, aunque la presencia de corporaciones se mantuvo mientras continuaban las diligencias, donde autoridades reiteraron que estas acciones buscan recuperar espacios federales ocupados de manera irregular, argumentando riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad.