La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa al Congreso para crear una Ley general que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio en todo el país, tomando como base el modelo aplicado en la Ciudad de México. La propuesta contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso a emitir esta ley general.
“La propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también pues que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.
Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, subrayó que el feminicidio es una problemática estructural que nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida, por lo que en la iniciativa se modifican 52 artículos que incluyen que el delito se persiga de oficio y penas de hasta 70 años.
“Se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentra en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras”.
“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión, se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes. Multa en UMAS y 21 agravantes. Eso es muy importante. Entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor”.
También se plantea homologar los protocolos de atención en todo el país y se obligará a que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio desde el inicio, con perspectiva de género y mediante protocolos especializados.
“Se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración. Estos protocolos deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones”.
La iniciativa incluye sanciones adicionales para los responsables, como la pérdida de patria potestad, derechos sucesorios y cualquier beneficio legal, así como la creación de fiscalías especializadas y un protocolo nacional de investigación. También establece que el delito será imprescriptible.
La subsecretaria de las mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que la ley garantiza la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, y prioriza a las víctimas y sus familias, especialmente a menores que queden en orfandad.
“La presente ley articula, además todos los derechos de las víctimas y no solo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”.
La propuesta también contempla el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes, asistencia jurídica gratuita y especializada, así como acceso a servicios de salud, educación y seguridad social para familiares, la garantía de restitución digna del cuerpo y exige que las plataformas digitales y medios de comunicación deben respetar la dignidad de las víctimas, evitando la difusión de imágenes o contenidos que revictimicen o hagan apología del delito.
Finalmente, se plantea la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, en coordinación con diversas instituciones, para garantizar su atención integral y la restitución de sus derechos.