Alondra Bravo Coutiño alzó la voz para denunciar violencia psicológica y económica por parte de su ex pareja, Josué Alexander N, y para exhibir las presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía de Distrito Fronterizo al momento de presentar su denuncia el 14 de marzo de 2026.
“Lo hago para pedir justicia y que no me convierta en estadística, porque la violencia hacia las mujeres en pareja así avanza hasta convertirse en feminicidio”, declaró Bravo Coutiño.
Alondra Bravo Coutiño / victima.
La víctima relató que acudió a la Fiscalía en Tapachula a las 13:00 horas del 14 de marzo, un día después del último episodio de violencia. Ahí solicitó denunciar por violencia psicológica y económica, pero el Ministerio Público asentó “violencia familiar”.
“Cuando terminaron de escribirlo me dijeron que no podía leer mi denuncia. Solo me dijeron firma aquí, aquí, aquí. Empecé a firmar sin que me dieran contexto de nada. No me dieron copia, solo una hoja que dice hace constar”.
Aseguró que entregó 176 evidencias y 10 testigos, cinco de Ciudad Juárez y cinco de Tapachula, para acreditar tres años de concubinato. Sin embargo, el imputado declaró que solo tuvieron una relación “abierta” de seis meses.
“Él está haciendo falsa declaración. Dice que no tuvimos concubinato ni en Ciudad Juárez ni en Tapachula. Yo le ayudé a sacar Seguro Social, Afore, Infonavit. Lo mantuve casi un año. Él ganaba 8 mil a la quincena y con 500 pesos me mantenía”.
La denunciante también señaló conflicto de interés: la abogada del imputado es amiga de su madre y, según su testimonio, tiene relación cercana con la MP Mara Fuentes. Para obtener copias de su carpeta, le exigieron llevar un abogado con cédula o, en su defecto, un bloque de 100 hojas blancas.
“Me dijeron: no te puedo dar copia de tu denuncia así gratis. Tuve que comprar 100 hojas blancas para que me entregaran solo 20. Me siguen diciendo que no tienen policías para revisar las cámaras. Las evidencias ya se borraron”.
Aclaró que por trabajo ambos se fueron al estado de Chihuahua, primero ella y posteriormente él la alcanzó. Bravo Coutiño sostiene que la violencia escaló: de humillaciones de la familia del agresor, a control económico y amenazas. “Me decía que debía aguantar golpes, que si me ponía el cuerno me aguantara. Me dejó afuera de su casa sin mis cosas y me amenazó”.
Hoy exige a las autoridades que no den carpetazo.
“Se supone que es Centro de Justicia para la Mujer, pero no se hace justicia. La violencia psicológica escala a física y de ahí a feminicidio. No quiero que mi caso termine en el olvido”.
La víctima pide que la Fiscalía General del Estado investigue las omisiones de la MP Mara Fuentes, garantice su derecho a la asesoría jurídica gratuita y cite a sus testigos.