La Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico.
De acuerdo con la acusación, además del mandatario estatal, están señalados Enrique Inzunza, senador de la República y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía estatal. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango de la Policía Municipal.
De acuerdo con el documento emitido por Estados Unidos los implicados enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, al ser señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos. La acusación sostiene que, desde sus cargos públicos, los funcionarios habrían brindado protección al grupo criminal, facilitado sus operaciones y permitido su funcionamiento a cambio de beneficios, incluyendo presuntos sobornos.
En el caso específico de Rubén Rocha Moya, es señalado de participar en una conspiración con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar sus operaciones, presuntamente a cambio de respaldo político y beneficios indebidos. Enrique Inzunza, el senador, es acusado de formar parte de la red de protección institucional, utilizando su posición para favorecer al grupo criminal. Dámaso Castro Saavedra, el fiscal adjunto, es señalado de interferir o influir en procesos de procuración de justicia en beneficio del grupo delictivo.
Por su parte, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la policía, son acusados de proteger directamente las operaciones del cártel… o Juan de Dios Gámez, el actual alcalde de Culiacán es señalado de integrarse a la red que permitía la operación del grupo criminal a nivel local.
En cuanto a las posibles penas, de acuerdo con la legislación estadounidense, los delitos de conspiración para el tráfico de drogas contemplan penas mínimas de hasta 40 años de prisión. A ello se suman los cargos por uso de armas de fuego, así como delitos como secuestro y homicidio, en el caso de algunos acusados.
Tras darse a conocer la acusación, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por el embajador Ron Johnson, señaló que estos cargos forman parte de una estrategia para combatir la corrupción y el crimen transnacional…. Indicó que ambos países comparten el compromiso de fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y garantizar el Estado de derecho. Asimismo, reiteró que continuarán las acciones contra cualquier funcionario que facilite actividades delictivas.
La representación diplomática subrayó que no puede emitir comentarios sobre los detalles específicos del caso debido al proceso legal en curso, pero enfatizó que la corrupción que favorezca al crimen organizado será investigada cuando exista jurisdicción estadounidense.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril por la tarde recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. La dependencia explicó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República, que determinará si existen elementos suficientes para proceder.
Sin embargo, la Cancillería señaló que, tras una revisión preliminar, los documentos enviados no contienen por el momento pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los señalados. Asimismo, anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la información, al considerar que se vulneraron disposiciones de confidencialidad.
Después de darse a conocer la información, las reacciones llegaron. El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al asegurar que carecen de veracidad y fundamento, y sostuvo que demostrará su falsedad. También afirmó que se trata de un ataque no solo contra su persona, sino contra el movimiento de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.
En el mismo sentido, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, negó los señalamientos y aseguró que ha actuado con apego a la legalidad. Por su parte, el senador Enrique Inzunza calificó las acusaciones como falsas y dolosas, y sostuvo que representan un ataque político contra Morena y su liderazgo.
Las investigaciones continúan en ambos países, en un caso que podría escalar en el ámbito diplomático y de seguridad entre México y Estados Unidos.