El Gobernador Joaquín Díaz Mena participó en la 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, realizadas en Palacio Nacional, donde refrendó el compromiso de su administración con la seguridad, la prevención y la protección integral de las familias yucatecas.
El mandatario destacó que la participación de Yucatán en estos órganos, encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte de una estrategia de coordinación permanente con el Gobierno de México para mantener la paz social, la justicia y el fortalecimiento institucional del estado.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, se presentaron informes de incidencia delictiva y avances nacionales. Díaz Mena señaló que los buenos resultados de Yucatán responden a una política integral basada en la formación profesional de las corporaciones, el uso de tecnología, la inteligencia operativa y la creación de entornos seguros, además de la estrecha coordinación con las fuerzas federales.
El Gobernador indicó que su administración incrementará las inversiones estratégicas en infraestructura de seguridad, capacidades tácticas y acciones preventivas dirigidas especialmente a jóvenes y grupos vulnerables. En este marco, la Presidenta Sheinbaum anunció que el delito de extorsión será perseguido de oficio y el secretario Omar García Harfuch presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión para reforzar el marco jurídico y las capacidades institucionales del país.
En la sesión también participaron titulares de dependencias federales, fuerzas armadas, fiscalías, gobernadoras y gobernadores, instituciones de seguridad y representantes de la sociedad civil, quienes revisaron los avances del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Posteriormente, en la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, Díaz Mena expuso que Yucatán impulsa un modelo de gestión de riesgos basado en la planeación anticipada, la profesionalización y la coordinación con la Federación. Subrayó que, por su ubicación geográfica, el estado otorga máxima prioridad a la prevención ante fenómenos naturales, reforzando infraestructura, protocolos de emergencia y sistemas de alerta temprana para fortalecer la resiliencia de las comunidades.