La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en la comisaría de Santa María Chi, por incumplir de forma reiterada siete medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de lodos.
Con esta medida, la dependencia busca que la granja porcícola repare los daños ocasionados en la zona, mediante la elaboración de un estudio de daño ambiental y el seguimiento al proceso de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.
La clausura responde a denuncias interpuestas desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones civiles, que alertaron sobre los impactos de las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Desde entonces, Profepa ha realizado inspecciones en establecimientos de municipios como Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Hunucmá, Maxcanú, Progreso, Tekax, Abalá, Kopomá, entre otros.
“Este caso es fundamental para la Profepa. Conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, que han padecido afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos se han amparado, han presentado denuncias y han buscado justicia en distintas instancias; hoy trabajamos con ellos para lograr esta clausura definitiva”, declaró la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La dependencia subrayó que atender los impactos de las granjas de cerdos en Yucatán es una prioridad, así como garantizar que las comunidades afectadas vean cumplido su derecho a un medio ambiente sano.
Profepa reiteró que continuará trabajando para proteger el medio ambiente y la salud pública, además de evitar violaciones a los derechos humanos y fortalecer la regulación del sector porcícola en la región.