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Mérida revisa nuevo reglamento de protección animal

El proyecto de nuevo Reglamento para la Protección y Bienestar de la Fauna del Municipio de Mérida se encuentra en proceso de revisión por las comisiones de Gobierno y de Sustentabilidad y Bienestar Animal, con el objetivo de actualizar el marco normativo y fortalecer la protección de los animales ante los reportes de maltrato y crueldad registrados en la ciudad.

La regidora de Morena y presidenta de la Comisión de Sustentabilidad y Bienestar Animal, Georgina Piña Acosta, explicó que la propuesta fue construida con aportaciones de distintas áreas, activistas y autoridades como Semarnat y Profepa, además de recibir alrededor de 518 propuestas ciudadanas. Entre los cambios destaca la inclusión de aves silvestres, disposiciones para proteger a las abejas durante labores de fumigación y nuevas consideraciones para el manejo de equinos y calesas.

Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Gobierno y de Sustentabilidad y Bienestar Animal, Piña Acosta presentó observaciones para reforzar la precisión jurídica y viabilidad operativa del reglamento. Planteó revisar a detalle aspectos como el inicio de los procedimientos administrativos, citatorios, notificaciones, plazos, garantía de audiencia, pruebas, resoluciones y cómputo de términos, así como medios de impugnación, ejecución de sanciones, medidas de seguridad y créditos fiscales.

La regidora señaló que también se mantiene el análisis de la venta de animales en mercados municipales. Aclaró que la intención no es afectar a los locatarios, sino mejorar las condiciones en las que permanecen los animales mediante capacitación y concientización, particularmente ante situaciones como jaulas inadecuadas y concentración excesiva de ejemplares.

Piña Acosta estimó que la revisión podría tomar alrededor de un mes, debido a que el proyecto deberá analizarse artículo por artículo antes de someterse a aprobación del Cabildo. También precisó que el Ayuntamiento está facultado para imponer sanciones administrativas, mientras que los casos que pudieran constituir delitos corresponden a otras autoridades, como la Fiscalía General del Estado.