Hasta un 65% de los casos de deuda alimentaria atendidos por el colectivo Ley Sabina en Yucatán se relacionan con embarazos derivados de violencia sexual, aseguró la activista Siló Fuentes al señalar que esta situación nace, en diversas ocasiones, de la manipulación a mujeres y la estigmatización del acceso al aborto seguro en el estado.
“Entonces tenemos mujeres que están maternando obligadas porque no tuvieron acceso a la interrupción del embarazo o porque no tuvieron acceso a un método anticonceptivo real, que eso es lo que también está pasando”, señaló.
En los últimos cuatro años, el colectivo ha brindado atención a alrededor de 3 mil 600 mujeres en Yucatán que buscan el pago de pensión a infancias víctimas de abandono paterno, logrando el pago de multas que van desde los 5 mil hasta los 7 millones de pesos.
“Se tiene que hacer responsable el padre biológico y tiene que pagar todo lo que es el embarazo. Tiene que ser un delito grave en el Estado dejar a una mujer embarazada”, aseguró Siló Fuentes al subrayar que entre las víctimas de violencia sexual se encuentran menores de edad.
“Se desaparecen y entonces ella se queda enfrentando al embarazo sola, cuando fue una decisión o una manipulación por parte del hombre”.
El colectivo advierte que la deuda alimentaria, en estos casos, no solo representa un incumplimiento económico, sino la continuidad de una cadena de violencias que impacta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en Yucatán.