La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, realizó en el primer trimestre del año, 133 visitas de inspección y verificación que derivaron en la imposición de 44 clausuras, entre totales y parciales, con el objetivo de hacer cumplir la normativa ambiental y prevenir daños a los ecosistemas.
Las acciones se llevaron a cabo tras detectar que diversos sitios y establecimientos no contaban con la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, o bien, representaban un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales.
Como parte de la vigilancia, la organización detalló que para vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental de competencia estatal de unidades económicas, se realizaron 99 visitas de inspección y verificación en los municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago; o bien, ante la existencia de un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro grave a los recursos naturales por las actividades desarrolladas en los sitios visitados.
Las inspecciones abarcaron rubros como emisiones a la atmósfera, manejo de residuos de manejo especial, granjas, impacto ambiental y operación de sitios de disposición final de residuos.