Un video difundido en redes sociales exhibió una pelea entre jóvenes a las afueras de un bar en Puebla, donde se ofrecían 500 pesos al ganador. Este hecho llevó a usuarios a bautizar el hecho como un “club de la pelea”. Los hechos ocurrieron en la zona de Angelópolis, cerca de la Estrella de Puebla, frente a un establecimiento identificado como “Black Society”, donde dos hombres se enfrentan a golpes mientras un grupo de personas observa sin intervenir.
En la grabación, correspondiente al 19 de abril, se escucha a una mujer incitar el combate con la promesa del dinero, mientras otros asistentes rodean la escena e incluso impiden que alguien detenga la riña. Versiones señalan que este tipo de enfrentamientos no serían aislados y que suelen ocurrir a la salida de bares.
En el centro del país, estudiantes en el estado de Guerrero difundieron un video en el que exhortan a la comunidad a detener la difusión de retos virales y evitar la propagación de miedo en los planteles educativos, luego de que en días recientes se registraran suspensiones de clases por este tipo de contenidos en redes sociales. En el mensaje, dirigido a compañeros, padres de familia y sociedad en general, los jóvenes pidieron actuar con responsabilidad ante la información que circula en internet.
El material, compartido por autoridades educativas, forma parte de una estrategia para contrarrestar la desinformación que ha generado alarma en distintas escuelas. Los alumnos advirtieron que difundir contenido sin verificar solo incrementa la incertidumbre y el pánico
Finalmente, el congreso de Querétaro aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal para sancionar la cohabitación forzada con penas de entre ocho y hasta 15 años de prisión, además de multas. La medida busca castigar a quienes obliguen, presionen o gestionen que una persona, principalmente menores o personas en situación de vulnerabilidad, viva en pareja como si se tratara de un matrimonio, incluso si no existe un vínculo legal.
El dictamen también contempla agravantes que pueden incrementar la pena hasta en una mitad, por ejemplo, si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas o si existe parentesco con el agresor. Legisladores señalaron que esta práctica constituye una forma de violencia que vulnera derechos humanos y el desarrollo de niñas y adolescentes, como en casos donde son obligadas a dejar la escuela para unirse con un adulto. Aunque en el estado el matrimonio infantil está prohibido desde 2018, no existían sanciones específicas para estas uniones informales.