Mientras espera el cambio de luz de un semáforo en el oriente de la Ciudad de México, Alisson, una adolescente de 13 años, aprovecha para ofrecer chocolates a los automovilistas. Ella estudia la secundaria, juega futbol una vez por semana y trabaja de lunes a sábado. Pero su caso refleja una triste realidad que comparten millones de menores en el país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI, en México existen 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años que realizan algún tipo de trabajo. De ellos, 2.1 millones desarrollan ocupaciones no permitidas y más del 90 por ciento participa en actividades consideradas peligrosas para su edad.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón, señaló que el fenómeno debe analizarse más allá de las cifras y abordarse desde una perspectiva de derechos humanos.
“De fondo hay una cuestión estructural. Debemos entender ¿por qué existe?, ¿por qué se ha mantenido a lo largo del tiempo?, ¿cuáles son las posibles soluciones? Si se sataniza un fenómeno social como éste lo desapareceremos de nuestro imaginario, pero no de la vida real, y eso es mucho más peligroso”.
El especialista explicó que el trabajo infantil comprende aquellas actividades económicas o productivas que interfieren con el desarrollo adecuado de niñas, niños y adolescentes, así como con su educación obligatoria. Entre las modalidades identificadas se encuentran el trabajo ligero, el peligroso, el forzado y las labores domésticas realizadas en condiciones inadecuadas.
Las cifras muestran además importantes diferencias regionales. Mientras en las zonas más urbanizadas la tasa de trabajo infantil es de 8.4 por ciento, en las menos urbanizadas alcanza 16.4 por ciento. Guerrero registra la incidencia más alta del país, con 24.5 por ciento, mientras que la Ciudad de México presenta la más baja, con cuatro por ciento.
Según el académico, las causas principales se relacionan con factores económicos y culturales. Por un lado, muchas familias recurren al trabajo infantil para complementar ingresos; por otro, persiste la idea de que los menores deben trabajar desde temprana edad para aprender un oficio y prepararse para la vida adulta. Aunque siete de cada diez menores que trabajan continúan asistiendo a la escuela, el investigador advirtió que ello no significa que puedan desarrollarse plenamente.
“Una cosa es ir a la escuela y otra que estén atentos, que tengan energía para atender las clases y, además, tiempo para hacer tarea, descansar y jugar. Ahí todo se complejiza. No es sólo si trabaja o no, sino cómo esto interfiere con otras actividades que implican un desarrollo adecuado a nivel emocional, psicológico y de salud”.
En México, la legislación prohíbe el trabajo para menores de 15 años y el país ha ratificado convenios internacionales para combatir esta práctica. Sin embargo, el especialista consideró que persisten importantes deficiencias en materia de vigilancia e inspección para detectar y sancionar los casos que ocurren en la vida cotidiana.
Ante este panorama, la UNAM plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a mantener a niñas, niños y adolescentes en las escuelas, ampliar programas de apoyo económico para las familias y reforzar los mecanismos institucionales de supervisión.
“Hay que crear conciencia sobre sus consecuencias y prevenir. Es preciso diseñar políticas públicas para mantener a las niñeces en la escuela y crear programas específicos y focalizados como becas o apoyos para que las familias no necesiten mandarlas a trabajar. Además, debemos crear mecanismos institucionales para vigilar y sancionar”.
El especialista alertó que quienes comienzan a trabajar desde edades tempranas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a mejores empleos en la adultez, además de posibles afectaciones físicas y emocionales derivadas de años de actividad laboral durante etapas fundamentales de su desarrollo. Por ello, insistió en que erradicar el trabajo infantil requiere acciones integrales que combatan tanto las carencias económicas como las prácticas culturales que aún normalizan esta problemática.