El Palacio de los Zopilotes, un edificio histórico ubicado en el corazón de Tapachula, se encuentra en un estado de abandono y deterioro, a pesar de su valor estratégico y potencial utilidad.
Construido en 1970, este inmueble de estilo neoclásico con elementos art déco y nacionalistas, cuenta con 6 pisos y una altura de 25 metros. En su origen, albergó oficinas gubernamentales, juzgados y más recientemente consulados de países centroamericanos, incluyendo Guatemala y El Salvador.
Diversos sectores de la sociedad, solicitaron su rehabilitación y mantenimiento ante que se convierta en guarida de delincuentes como pasó entre 2004 y 2007.
“Fue una buena inversión cuando se construyó, pero la falta de decisiones oportunas lo está dejando caer. Es fundamental rehabilitarlo”.
Roberto Alejandro García Centeno / empresario de Tapachula.

Fue el primer edificio administrativo modernista de Tapachula y de recaudación de impuesto, pero hoy su fachada está deteriorada por el paso de los años y el olvido de las diferentes administraciones municipales.
Su última remodelación fue al inicio del periodo de el exgobernador Juan Sabines en el 2010; quien rebautizó como edificio consular, desde entonces, la lluvia, el sol y la indiferencia lo deterioran.
Actualmente, el edificio solo alberga al Registro N.3 y una oficina sindical de trabajadores del ayuntamiento, mientras que su deterioro se hace evidente con vidrios y puertas dañadas, así como un elevador fuera de servicio; además, el cajero automático que estaba en la planta baja ya fue retirado.
“Reactivar el inmueble permitiría solucionar necesidades administrativas del gobierno local y reducir significativamente el gasto público. Podría ser una excelente opción para instalar oficinas que actualmente están en inmuebles rentados”.

Los empresarios proponen dos alternativas viables: reubicar oficinas municipales una vez que el edificio sea remodelado, o arrendar el espacio a instituciones y empresas, generando ingresos para el municipio. Sin embargo, antes de proceder, insisten en la necesidad de una evaluación de Protección Civil para determinar las condiciones reales de la estructura.
