El Congreso del Estado de Tabasco se convirtió en el primero del país en aprobar, como asunto de urgente resolución, la Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad y uso eficiente de los recursos públicos.
La Minuta tiene como objetivo fortalecer los principios de austeridad republicana, reducir privilegios y garantizar un manejo responsable del gasto, evitando el dispendio y los excesos burocráticos, a fin de orientar los recursos hacia las necesidades sociales y reforzar los mecanismos de control democrático.
Entre los principales cambios, se contemplan ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, así como en los presupuestos de los congresos locales y en las remuneraciones de funcionarios electorales, con el propósito de fortalecer la disciplina financiera y la responsabilidad institucional.
Las modificaciones establecen que los ayuntamientos podrán integrarse con un máximo de 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Asimismo, se fija un tope del 0.70% del presupuesto de egresos estatal para las legislaturas locales, lo que permitirá generar ahorros en las entidades federativas.
De igual forma, se determina que las percepciones de consejeros y magistrados electorales no podrán ser superiores a las de la Presidenta de la República, limitando así los salarios de altos mandos en organismos electorales.
Tras la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcos Rosendo Medina Filigrana, informó que se emitirá el decreto correspondiente y se remitirá al Poder Ejecutivo estatal para su publicación en el Periódico Oficial, además de enviarse al Congreso de la Unión como parte del proceso legislativo.
En el mismo marco, se dio entrada a una iniciativa del gobernador Javier May Rodríguez para reformar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con el propósito de homologar la denominación de las áreas de seguridad pública, proponiendo que se identifiquen como Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana.