El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, que incluyen nuevas disposiciones para combatir la piratería, la falsificación y el uso fraudulento de elementos de identidad de instituciones públicas.
El dictamen fue aprobado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 68 votos a favor y 34 en contra. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
La disposición establece penas de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de una institución pública con el propósito de inducir al error o engaño y cometer un ilícito, haciendo pasar como oficial una comunicación.
La norma contempla a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
Sheinbaum: no se sancionarán memes ni sátira política
Ante las críticas que surgieron durante la discusión legislativa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma no busca prohibir los memes, la sátira política ni la crítica.
La mandataria explicó que la conducta que se pretende sancionar es la utilización de elementos oficiales para realizar un fraude o engañar a las personas.
“¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando inteligencia artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude, eso es un delito”, señaló.
Sheinbaum agregó que la disposición no está dirigida contra la sátira política ni contra expresiones críticas, sino contra conductas fraudulentas que utilicen la imagen de una persona o los elementos gráficos de una institución gubernamental.
¿Qué establece el artículo 403 Bis?
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que para que se configure el delito deben concurrir distintos elementos.
Entre ellos se encuentran el uso de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales a escala comercial, la intención de inducir al error o al engaño y la finalidad de cometer un ilícito.
La disposición contempla una pena de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil UMA.
De acuerdo con la información legislativa, la reforma también incorpora modificaciones relacionadas con delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, así como disposiciones para combatir la piratería y la falsificación.
Debate sobre libertad de expresión
La reforma generó un debate entre legisladores. Mientras el gobierno y quienes respaldaron el dictamen sostienen que el objetivo es combatir la suplantación de instituciones y el fraude, legisladores de oposición cuestionaron que algunos conceptos puedan generar interpretaciones amplias y plantearon preocupaciones relacionadas con la libertad de expresión.
El artículo fue modificado durante el proceso legislativo. En versiones previas del dictamen se contemplaban sanciones distintas y hubo cuestionamientos sobre el posible impacto de la disposición en memes, caricaturas y parodias. La redacción finalmente aprobada establece como elementos centrales la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito.
La reforma todavía debe ser analizada por la Cámara de Diputados, por lo que el proceso legislativo no ha concluido.