Con el objetivo de frenar las redes de corrupción y la violencia patrimonial, el Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas integrales al Código Penal para fortalecer la protección del derecho humano a la propiedad y a la vivienda. Las modificaciones establecen sanciones más severas contra quienes, mediante engaños, documentos falsos o violencia, arrebaten bienes inmuebles a sus legítimos dueños.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la LXII Legislatura, el delito de despojo se sancionará ahora con penas de seis a 12 años de prisión y multas que pueden alcanzar las 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Estas sanciones se aplicarán rigurosamente cuando el delito sea cometido por grupos de cinco o más personas, afecte áreas naturales protegidas o se ejecute en agravio de grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o comunidades indígenas.
La reforma pone especial énfasis en combatir la participación de figuras clave en estos ilícitos, estipulando las mismas penas para los servidores públicos que se valgan de su cargo para facilitar el despojo, así como para notarios públicos, titulares o auxiliares, que actúen con dolo al dar fe de actos ilícitos o documentos inexistentes. También se castigará con rigor a las personas que incurran en la suplantación de identidad o utilicen documentos apócrifos ante el Registro Público de la Propiedad.
Asimismo, la nueva normativa endurece el castigo para los autores intelectuales y financistas de invasiones, quienes podrían enfrentar de siete a 15 años de prisión. Esta pena se incrementará hasta en una tercera parte si el despojo tiene como fin la lotificación o comercialización ilegal de la tierra.
Estas modificaciones a los artículos 409 y 409 Bis, y la adición del 409 Ter del Código Penal, nacen de un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y diputados de diversas fracciones parlamentarias, buscando cerrar los vacíos legales que permitían a grupos organizados operar con impunidad en la entidad. Con esta medida, Puebla busca garantizar que ninguna persona sea privada de su patrimonio de forma ilegítima.