El Gobierno Federal presentó los avances de la nueva Ley de Aguas con la que se busca poner fin a prácticas como la venta ilegal del recurso, el acaparamiento y la especulación y pasar a un modelo basado en derechos humanos y justicia social.
Durante la presentación, se explicó que uno de los cambios centrales es la eliminación de las transmisiones de derechos entre particulares, mecanismo que permitía a concesionarios vender o transferir el agua para usos distintos a los autorizados.
Las autoridades expusieron casos donde este modelo derivó en abusos. Por ejemplo, concesiones originalmente agrícolas terminaron siendo utilizadas para fines industriales o urbanos, incluso revendidas a municipios. En otros estados como Chihuahua, se detectaron cientos de títulos otorgados en zonas donde ni siquiera existía disponibilidad real de agua, lo que evidenció prácticas de acaparamiento.
“En este caso en el estado de Zacatecas, se otorgaron 7 títulos de concesión y 12 aprovechamientos por un volumen superior a los 3 millones de metros cúbicos (…) Con la figura de las transmisiones, estos 7 títulos de concesión se fueron transmitiendo para distintos usos del original que fue el agrícola, y entonces tenemos usos industriales, agrícolas, de servicios e, incluso en algunos casos, hasta públicos-urbanos, es decir, un particular le vendía a algún municipio. Estos 7 títulos se transformaron en 50 que en el costo del mercado en esa zona que es de 18 pesos, esto represento ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular”, explicó Efraín Morales, titular de Conagua.
Se documentaron irregularidades como la venta de agua en pipas sin autorización, con precios de hasta cinco mil pesos, así como tomas clandestinas en acueductos, como en Los Cabos, donde el recurso destinado a la población era desviado para su comercialización.
También se registró un caso en Querétaro, donde las autoridades detectaron un esquema de acaparamiento y uso irregular del agua vinculado a una familia relacionada con un diputado, donde se concentraban alrededor de 621 mil metros cúbicos mediante títulos originalmente destinados al uso agrícola. Sin embargo, tras una revisión, se identificó que el recurso no se utilizaba para la producción de alimentos, sino que era comercializado a través de pipas o para abastecer a un club.
“En este caso nos referimos a la familia Calzada que concentra 628 mil metros cúbicos en el estado de Querétaro, uno de los acuíferos más deficitarios del país y cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas. Pero de los títulos que también revisamos que es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de Polo”, refirió Efraín Morales.
La familia de estas concesiones tiene a un diputado federal del PRI que votó en contra de la Nueva Ley de Aguas, además, se tuvo que que clausurar la concesión dos veces porque se ampararon en la primera ocasión.
“Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Entonces, la Conagua les una una concesión para uso agrícola, no pagan agua, pero en realidad esa agua no era utilizaba para producir alimentos, sino para un lugar residencial, mientras la gente de a un lado no tiren agua”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se suma el caso de una empresa refresquera donde autoridades detectaron múltiples irregularidades en el uso del agua, entre ellas la existencia de varios títulos de concesión por los que solo se pagaba una mínima parte del volumen realmente explotado. Además, se identificaron extracciones mayores a las autorizadas, descargas sin permiso y obras no reportadas. Tras la revisión, la compañía inició un proceso de regularización, pues el adeudo ascendía a 234 millones de pesos.
Este tipo de prácticas, señalaron, eran posibles bajo el esquema anterior, pero con la nueva Ley de Aguas se busca frenarlas mediante la cancelación de títulos, sanciones económicas y la recuperación del recurso para garantizar que el agua se destine a quienes realmente la necesitan. Con la nueva legislación, estas prácticas serán sancionadas con clausuras, multas que pueden alcanzar millones de pesos e incluso penas de prisión. Además, se busca obligar a empresas y concesionarios a regularizarse.
“Tuvimos un incremento en la recaudación en 2025 de 3 mil 500 millones, estamos recuperando de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando, y además este año, vamos a incrementar en 6 mil 300 millones de pesos más, es muy importante porque estos recursos sirven para realizar obras de agua”.
Como parte de estos resultados, en la mañanera de este lunes se entregaron cuatro títulos de concesión a los municipios de Baja California que antes pagaban por el agua a particulares.
“Antes el agua se pagaba a mi grupo de agricultores que recibían 100 millones de pesos al año porque ellos tenían la concesión de agua para riego y como no la usaban, la vendían a todos los municipios de Baja California. Ahora ellos ya no tienen la concesión, se les da la asignación directamente a los municipios. Lo que los municipios vayan a pagar por derecho de agua, se regresa en obra pública. Es decir, antes se le quedaba en el bolsillo a 10 personas, ahora se regresa a la gente”, refirió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Finalmente, se destacó que la reforma también tiene un componente social al facilitar trámites para pequeños productores y comunidades, así como la recuperación de volúmenes de agua para su redistribución.