La Comisión Nacional del Agua señaló que los recientes bloqueos en distintas regiones del país no surgieron de productores afectados, sino de grupos que durante años han concentrado concesiones de agua y ahora rechazan los cambios que limitarían su control. La dependencia explicó que la presión aumentó conforme avanzó la discusión de la nueva Ley General de Aguas, la cual modificaría por completo la forma en que se administra el recurso.
La propuesta legislativa busca que el agua vuelva a ser administrada estrictamente por el Estado, impidiendo que concesiones agrícolas se utilicen para fines comerciales o industriales sin regulación. De igual forma, la iniciativa impediría la venta y transferencia discrecional de derechos de uso, práctica que —según Conagua— ha derivado en acaparamiento y desigualdad en varias comunidades rurales.
Ante la tensión generada, representantes del Congreso y autoridades del sector hídrico instalaron mesas de diálogo con productores y organizaciones campesinas para escuchar inquietudes y ajustar puntos específicos de la reforma. Sin embargo, advirtieron que no retrocederán en el objetivo central: garantizar un manejo equitativo y transparente del agua en todo el país.