En Santiago Quetzalapa, perteneciente a San Pedro Sochiapam, dos personas fueron retenidas y amarradas tras hacer sido denunciadas por un presunto desvío de recursos para una carretera que les había autorizado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Los pobladores acusaron que se tenía complicidad entre al INPI y el Poder Legislativo, ya que la obra habría sido gestionada por la diputada Irma Juan Carlos, y se habría generado la imposición de una constructora para la ejecución de la obra.
Los inconformes señalaron que esa empresa ya tenía antecedentes negativos pues habría dejado inclusos trabajos en San Felipe Usila, por lo que no deseaban que realizara su carretera.
Afirmaron que en esta ocasión también se tenía irregularidades que deberían ser analizadas para que no se presentaran más afectaciones a la localidad.
Solicitaron que se llevara a cabo una investigación a fondo para determinar en donde quedaron los recursos, pues se requerían para tener una carretera digna que les conecte con otras población y pueda viajar de forma más segura.
Señalaron que no permitirían que una vez más se les utilizara para que grupos de personas se beneficiaran, pues requieren una carretera que sea digna y que acorte los tiempos de viaje.
Ante ello, retuvieron a estas personas y señalaron que no les permitirían retirarse del lugar hasta que representantes del INPI no acudieran a aclarar el caso y que se verificara que su obra se realizara sin ningún contratiempo.
A través de redes sociales, se hicieron comentarios en donde se exigió que se investigara esta situación, ya que nadie puede adjudicarse el recurso de obras federales, ya que se destina que los pueblos se beneficien.
Comentaron que si existen irregularidades deberían hacerse denuncias penales al respecto, para que se deslinden responsabilidades y se aclare la situación que se haya presentado.