La reforma a la Ley de Amparo, publicada recientemente, introduce modificaciones al código fiscal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con efectos directos al mecanismo de protección de derechos de los ciudadanos. 
Mientras el Gobierno afirma que la reforma fortalece la justicia al hacerla más eficaz, defensores de derechos humanos advierten que podría limitar el acceso al amparo al endurecer los requisitos para interponerlo. El debate sobre retroactividad y el “interés legítimo” sigue abierto.
