Diversas entidades del país analizan la implementación de la castración química como medida complementaria para sancionar delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. Las propuestas buscan incorporar fármacos que reduzcan temporalmente el impulso sexual del agresor, con el objetivo de disminuir la reincidencia.
En estados como Sonora, Puebla y Nuevo León, las iniciativas ya fueron presentadas ante los congresos locales y se encuentran en proceso de revisión. Cada uno ha iniciado mesas técnicas, consultas internas o foros preliminares para determinar si la aplicación de este mecanismo podría integrarse de manera viable a sus códigos penales.
El tema ha generado posturas encontradas entre sectores médicos, colectivos de derechos humanos y especialistas en justicia penal. Mientras algunos consideran que la medida podría fortalecer la protección a víctimas, otros señalan riesgos físicos y psicológicos derivados del uso prolongado de estos medicamentos, además de posibles tensiones con normativas internacionales sobre integridad corporal y consentimiento informado.
La experiencia internacional muestra que la castración química ha sido aplicada o discutida en países de Europa, Asia y África con resultados variados, donde su efectividad depende del acompañamiento clínico y psicológico, así como del cumplimiento de protocolos estrictos para evitar abusos o aplicaciones coercitivas.
En México, las iniciativas permanecen en análisis y se prevé que la discusión continúe durante 2025, cuando los congresos estatales avancen en dictámenes, valoraciones técnicas y consultas con especialistas. La decisión final dependerá del consenso legislativo y de la definición de parámetros médicos y legales que garanticen un proceso supervisado y respetuoso de derechos.