En una acción coordinada, el gobierno del Estado de México lanzó el “Operativo Caudal” que intervino 189 inmuebles, aseguró 320 pipas y descubrió 51 pozos ilegales en 48 municipios, con el objetivo de frenar el contrabando de agua potable. 
Los transportistas de agua —los llamados “piperos”— respondieron con bloqueos de accesos a la capital, argumentando que el operativo criminaliza su trabajo pese a que abastecen zonas sin suministro regular. El conflicto visibiliza la grave crisis del sistema hidráulico y la presencia de redes informales que, según expertos, podrían cubrir hasta el 40 % del agua suministrada en la región.
