La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que involucra al Ayuntamiento de Acapulco y dejó un criterio importante para todos los municipios del país. Por unanimidad, determinó que los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, conocido como FAISMUN, solo pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación, y no por los órganos de fiscalización de los estados.
El caso surgió porque la Auditoría Superior del Estado de Guerrero intentó revisar cerca de 899 millones de pesos ejercidos por el municipio de Acapulco en 2023. Sin embargo, la Corte concluyó que esa autoridad estatal no tenía competencia legal para hacerlo, por lo que dejó sin efectos esa auditoría y las posibles sanciones derivadas de ella.
Eso sí, la Corte fue clara en un punto: la resolución no significa que esos recursos queden sin supervisión ni representa una exoneración sobre su manejo. Simplemente establece que la revisión corresponde exclusivamente a la autoridad federal competente, es decir, a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá investigar cualquier posible irregularidad.
La polémica por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a subir de tono en México. Diputados del PAN cuestionaron por qué el Gobierno Federal mostró tanta preocupación tras su detención en Estados Unidos y exigieron que se esclarezca si existió participación de autoridades estadounidenses dentro del territorio mexicano sin autorización.
El tema cobró nueva fuerza después de que el FBI reconociera públicamente el operativo y el avión utilizado para trasladar a Zambada fuera incorporado a un museo en Estados Unidos, lo que llevó al Gobierno mexicano a solicitar información oficial sobre cómo ocurrió la captura.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo que está en discusión no es la detención del líder criminal, sino un posible acto que habría vulnerado la soberanía de México si agencias extranjeras actuaron sin informar a las autoridades nacionales. Mientras tanto, el PAN insiste en que el Gobierno debe explicar con claridad su postura y transparentar toda la información relacionada con el caso.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades mexicanas realizar investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas para esclarecer los asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y del activista ambiental Álex Serna, además de llevar a los responsables ante la justicia.
En el caso de Roxana Guzmán, periodista de Veracruz, las autoridades ya confirmaron la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales, presuntamente vinculados con el secuestro y asesinato de la comunicadora. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen.
Respecto a Álex Serna, activista ambiental de Guerrero, fue localizado sin vida tras permanecer desaparecido durante casi dos semanas. Organizaciones civiles habían denunciado que previamente recibió amenazas por su labor en defensa del medio ambiente.
La ONU recordó que estos casos reflejan los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México e insistió en fortalecer los mecanismos de protección para evitar que este tipo de hechos se repitan.