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Multas de hasta 58 mil pesos a quienes operen servicios de taxi por aplicación no autorizados

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de Oaxaca advirtió que aplicará sanciones de hasta 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA) a conductores que presten servicios de transporte mediante plataformas digitales sin contar con autorización, toda vez que hasta el miembro en Oaxaca ninguna empresa ha presentado formalmente una solicitud para operar en la entidad.

La titular de SEMOVI aseguró que no se está en contra de la tecnología, ni de las nuevas alternativas de movilidad; sin embargo para que plataformas como Didi o Uber puedan operar debe hacerlo conforme a lo establecido en la normatividad y en la ley, con reglas claras y condiciones justas para todas y todos, en donde el usuario debe ser el mayor beneficiado.

“Sí hay sanciones para los que presten los servicios en plataformas, las multas son bastante altas, que llegan a ascender hasta los 58 mil pesos, más o menos, de acuerdo a la UMA, porque la UMA puede cambiar”.

La dependencia informó que mantiene operativos de supervisión al transporte público y particular. Hasta el momento, reportó el aseguramiento de seis unidades, en su mayoría taxis amarillos que brindaban servicio a través de estas aplicaciones.

La Semovi explicó que la Ley de Movilidad estatal contempla multas diferenciadas: para vehículos particulares que operen mediante plataformas.

“También parte de la responsabilidad de que la ciudadanía pida estas plataformas, es porque el servicio concesionado no ha asumido la corresponsabilidad que está dentro de la ley de dar un buen servicio, con tarifas justas, con buenas unidades y que a través de los años se han generado vicios dentro de este mismo servicio, entonces, aquí hay una doble responsabilidad, que el servicio concesionado y el transporte público asuma su responsabilidad y que acate las normas que están establecidas claramente en la ley”.

La funcionaria mencionó parte de los reclamos de la ciudadanía son la falta de mejora en el servicio, así como tarifas exactas y justas, además de la molestias causadas por el transporte público y concesionado que participa en actividades al margen de la ley.