En México, la violencia contra las mujeres no es una excepción: es una realidad cotidiana que se manifiesta en el hogar, en la calle y hasta en instituciones que deberían protegerlas. Cifras oficiales muestran que casi el 30 % de las mujeres privadas de libertad ha recibido amenazas contra sus familias, reflejando cómo la violencia las persigue incluso desde entornos controlados. A esto se suma un dato alarmante: el 31.4 % de las mujeres de 15 a 49 años que han dado a luz vivió algún tipo de violencia obstétrica, evidenciando que incluso en momentos tan delicados como el parto, muchas enfrentan maltrato, negligencia o trato indigno.
La agresión estructural también se reproduce en los trabajos, donde más de una cuarta parte de las mujeres ha sufrido violencia laboral, desde humillaciones y comentarios denigrantes hasta acoso por parte de compañeros o superiores. Denunciar no es sencillo: la dependencia económica, el miedo a represalias y la normalización del machismo hacen que muchas permanezcan en silencio. Así, la violencia laboral no solo vulnera su integridad, sino que perpetúa desigualdades que frenan su desarrollo profesional y personal.
Moverse por la ciudad tampoco garantiza seguridad. La Encuesta de Seguridad Pública Urbana revela que 70.9 % de las mujeres se siente insegura en el transporte público, mientras que estudios internacionales estiman que hasta el 96 % ha vivido algún tipo de agresión en ese entorno, desde acoso verbal hasta tocamientos. Esta realidad modifica por completo su libertad: ellas ajustan horarios, evitan trayectos, cambian rutas y viven en constante alerta para reducir los riesgos que otros normalizan.