El Congreso mexicano dio un paso firme al aprobar una reforma que prohíbe de manera total la fabricación, venta, importación y distribución de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país. La decisión busca frenar el avance de estos productos entre jóvenes, ante los crecientes riesgos para la salud que señalan especialistas. Quienes sean sorprendidos fabricando o comercializando estos dispositivos podrían enfrentar multas de hasta 226 mil pesos y penas de prisión que van de uno a ocho años.
No obstante, la medida no penaliza el uso personal ni la portación de vapeadores, pues los legisladores aclararon que el enfoque no es castigar al consumidor, sino cortar el negocio que gira en torno a su venta. Con ello, México se suma a los países que endurecen su postura frente a la industria del vapeo, considerada una amenaza silenciosa por sus efectos a largo plazo.
Mientras unos celebran la reforma como una victoria para la salud pública, otros la critican por dejar vacíos legales y posibles afectaciones económicas al comercio. Lo cierto es que el tema ha abierto un debate nacional sobre la libertad individual, el control sanitario y la responsabilidad del Estado ante nuevas formas de consumo.