El Congreso de la Unión ha dado un paso histórico en materia ambiental y de desarrollo sustentable con la aprobación de la Ley General de Economía Circular, una legislación que busca reemplazar el tradicional modelo de “usar y tirar” por uno que prolongue la vida útil de los productos y reduzca el impacto de los residuos en el país. Esta iniciativa fue respaldada por unanimidad en la Cámara de Diputados y enviada al Senado para continuar con su proceso legislativo. 
Esta nueva ley introduce elementos clave como la responsabilidad extendida del productor, lo que obliga a las empresas a hacerse cargo del ciclo de vida completo de sus productos, desde la fabricación hasta la gestión de los residuos, fomentando prácticas como reparación, reutilización y reciclaje. Además, contempla mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la creación de instrumentos económicos que promuevan la circularidad de materiales y productos a lo largo de todo el territorio nacional. 
Asimismo, la normativa reforma y armoniza otras leyes ambientales existentes para garantizar una política pública sólida que favorezca la conservación del entorno y la transición hacia sistemas productivos más limpios y eficientes. Con este marco legal, México aspira no solo a mitigar la contaminación y optimizar el uso de recursos, sino también a estimular la innovación tecnológica y la inclusión de sectores como el de las personas recicladoras de base.