En dos operativos realizados en la región del Istmo de Tehuantepec, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), llegaron a cabo la inhabilitación de una toma clandestina de hidrocarburos y brindaron seguridad durante un cateo relacionado con presuntas actividades de robo de combustible.
A través de la Décima Región Naval, se informó que la primera intervención ocurrió en la comunidad de Donají, perteneciente al municipio de Matías Romero, luego de que personal naval atendiera un reporte ciudadano recibido a través del número de emergencias 911.
Al arribar al tramo del poliducto Minatitlán-Salina Cruz, los marinos localizaron una conexión ilegal utilizada presuntamente para la extracción de combustible.
Durante la operación fue detenido un hombre y asegurados un camión tipo pipa con capacidad para 20 mil litros, así como dos motocicletas sin placas de circulación.
Tanto el detenido como las unidades quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Marina detalló que tras asegurar la zona, se estableció un perímetro de seguridad para permitir que técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), realizaran labores de sellado y reparación del ducto afectado.
En una segunda acción, desarrollada en el municipio de San Juan Guichicovi, personal naval brindó apoyo de seguridad perimetral durante la ejecución de una orden de cateo encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Como resultado del operativo fueron asegurados cuatro autotanques vacíos con capacidad de 32 mil litros cada uno y una bodega donde se almacenaban diversos materiales que de acuerdo con las autoridades, podrían estar relacionados con actividades de perforación ilegal de ductos.
Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial, mientras la autoridad federal continúa con las indagatorias para determinar posibles responsabilidades.
La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos coordinados entre instituciones federales para combatir delitos vinculados al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos, una actividad que representa riesgos para la seguridad de la población y la infraestructura energética del país.