La Defensoría del Pueblo de Oaxaca, inició una queja de oficio ante los hechos ocurridos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, así como por los señalamientos difundidos públicamente sobre posibles actos de violencia y malos tratos en contra de personas detenidas.
A partir de la información difundida en medios de comunicación de la región, esta Defensoría determinó iniciar la investigación correspondiente y un equipo multidisciplinario de esta institución se trasladará al lugar de los hechos para entrevistar directamente a las posibles víctimas y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.
Como parte de estas diligencias, personal especializado en materia médica y psicológica realizará las valoraciones correspondientes, a fin de documentar posibles afectaciones y aportar elementos técnicos para determinar la existencia de probables violaciones a los derechos humanos.
La Defensoría refrendó que cualquier acto de violencia, abuso de autoridad o trato cruel, inhumano o degradante en contra de una persona detenida debe ser investigado de manera pronta, imparcial, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, garantizando en todo momento la integridad, dignidad y protección de las posibles víctimas.
A través de un comunicado, esta Defensoría que encabeza Elizabeth Lara Rodríguez, indicó que dará seguimiento puntual a las diligencias y, en el ámbito de sus atribuciones, determinará las acciones que correspondan conforme a los resultados de la investigación.
Y es que el martes pasado se registraron enfrentamientos entre un grupo habitantes y la policía municipal y bloqueos carreteros para exigir la liberación de 10 personas detenidas, presuntamente de manera arbitraria e ilegal.
Los afectados señalaron que policías le sembraron droga a un hombre lo que desató la molestia de un grupo de habitantes, familiares, amigos y conocidos, que pidieron su liberación inmediata; sin embargo, los policías detuvieron a otras dos personas, entre ellos un presunto elemento de la Guardia Nacional.
Esto derivó en las protestas y enfrentamientos entre ciudadanos y uniformados, por lo que se exigió una investigación y sanción a policías en caso de que actuaran fuera de la ley.